El Banco FMO es cómplice de la conflictividad del proyecto Agua Zarca: COPINH
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Para
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO por sus siglas en
inglés), es cómplice de la conflictividad que ha generado el proyecto
Agua Zarca en varias comunidades del departamento de Intibucá.
La
organización reaccionó luego que ayer jueves el FMO hiciera público un
informe mediante el cual deja entrever que se retira de manera
definitiva del proyecto, pero advierte que éste debe continuar por el
desarrollo de la zona de influencia del proyecto que ha venido
ejecutando la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).
A
raíz del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista, Berta
Cáceres, en marzo pasado, el Banco FMO dijo que si se encontraban
indicios de que DESA estaba implicada en este caso, se retiraría de
manera definitiva del proyecto.
“Ahora que el Banco FMO anuncia que se retira, nosotros creemos que si han encontrado, que ha habido ilegalidades, que ha habido actos que han generado violencia en la empresa DESA”, expresó el presidente del COPINH, Tomás Gómez.Tomás Gómez, presidente del Copinh
“Yo
digo que lo que está a la vista no necesita lentes o anteojos”,
prosiguió el líder comunal, quien responsabilizó al FMO de ser cómplice
de la conflictividad que el proyecto ha generado en la zona.
Especificó
que en el 2014, Berta Cáceres les envió una carta mediante la cual
“les pedía que no apoyarán financieramente al proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca porque era ilegal, ilegítimo y porque se estaban generando
asesinatos, e intentos de asesinatos y amenazas en la comunidad”, pero
ellos no tomaron en consideración el escrito.
Ante
esa situación, Gómez anunció que el COPINH y las comunidades
ancestrales adyacentes al río Gualcarque, adoptarán fuertes acciones
contra el Banco FMO, “porque pese a tener conocimiento de lo que estaba
pasando firmaron el pacto de cooperación”.
Sobre
el informe de expertos internaciones del FMO, elaborado mediante
consultas en la zona de influencia al proyecto entre el 23 y 28 de marzo
pasado, dijo que es una recopilación de lo que la empresa DESA quiere
que se destaque.
“El
informe que emitió esta comisión de expertos que contrató el Banco FMO,
creemos que es el informe que les pasó la empresa DESA, sin ningún
cambio”, acuñó.
Amplió
que los expertos internacionales y nacionales que realizaron la visita
insitu no recibieron los testimonios de algunos miembros de las
comunidades, por lo que ahora el COPINH y las comunidades de Río Blanco,
han reiterado su decisión de declarar al río Gualcarque sagrado y
libre de congestionamientos y privatizaciones de cualquier tipo, ya sean
estos proyectos hidroeléctricos o mineros y luchar hasta que el
proyecto salga de manera definitiva.
Sustentado
en lo anterior, anunció que el COPINH continuará con sus acciones
pacíficas a nivel nacional e internacional por la defensa de los
derechos de las comunidades indígenas porque ha existido violación a la
Consulta Libre Previa e Informada, pues no ha habido consentimiento con
los pobladores.
Ilustró
que como parte de esas acciones, el COPINH ya entabló una demanda
judicial contra el exalcalde del municipio de Intibucá, Martiniano
Domínguez, porque aprobó el permiso de operación del proyecto sin el
debido proceso y contra el subsecretario de la secretaría MiAmbiente,
Jonathan Laínez.
Advirtió
que las comunidades indígenas han advertido que no descansarán hasta
que el proyecto salga de la zona e incluso están dispuestos a ofrendar
sus vidas hasta lograr su cometido.
Los miembros del COPINH han declarado sagrado al río Gualcarque.
Adelantó
que en los próximos días el COPINH denunciará a la empresa DESA por
haber contratado a 20 personas quienes bajo el amedrentamiento han
desplazado de la comunidad de Valle de Ángeles a varias familias, que
han sido amenazadas que si se siguen oponiendo al proyecto les quemarán
sus viviendas.
A
juicio del líder social, el informe del FMO criminaliza al COPINH y
victimiza a DESA, al tiempo que responsabilizó al gobierno por su
complicidad en el asesinato de Berta Cáceres. Gómez insistió que los
responsables del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista son
el gobierno y la empresa DESA.
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